Si os
acordáis, ya en entradas anteriores hemos aludido a la naturaleza del hombre
como ser social y como animal político, pero vale la pena precisar unos
detalles. Él, en la búsqueda por el alcance de sus objetivos, se organiza y
realiza consensos con sus iguales, de forma que se lleguen a acuerdos que
logren atender a los problemas que les son comunes a todos. Extrapolando ello a
un ámbito más general: el cómo se organizan y resuelven esos problemas es lo que,
precisamente, define la forma de gobierno de esa sociedad.
De boca
de Rousseau, cedemos nuestra libertad
natural por una cívica.
Una
forma de gobierno de gran repercusión, en estos últimos tiempos que corren, ha
sido la democracia. “El gobierno del pueblo”, como lo citarían los griegos, de
quienes aquella idea proviene. El pueblo -o la polis, como también se le puede
llamar- “implica a un grupo de personas
que conviven dentro de un espacio delimitado” (Castro, 2016). Cada persona
por separado recibe el título de ciudadano, siempre y cuando vele por el
espacio público. Y es que la sociedad, para ser política -y ser democrática-
debe estar conformada por ciudadanos, pues son ellos “la base de la democracia” (Castro, 2016).
La
democracia está diseñada para garantizar y promover la libertad de los
individuos; sin ella, ellos no se pueden desarrollar. Gloria Álvarez, en su
participación en el programa ‘El gato al agua’, aclara este punto. La
politóloga guatemalteca la define como un medio de comunicación entre el
ciudadano y el gobernante. Y es que la libertad no puede ser posible si tu
pensamiento se halla restringido. Sin embargo -¡el pero de los peros de los
peros!-, y aquí llegamos al meollo del asunto, puede tender a la demagogia y de
allí, posteriormente, devenir en populismo. ¿De qué forma? ¿En qué manera?
¿¡Eso es posible!? Tan solo asusta las declaraciones de Hannah Arendt al
respecto: “los orígenes del totalitarismo
están en la democracia”. Totalitarismo, dictadura, tiranía. Vale, esas son
las consecuencias, y ellas son factibles de suceder cuando la democracia no es
entendida como un problema político, sino económico y social.
En las
sociedades que no son modernas, la democracia siempre va a tirar hacia el lado
de la igualdad, de tal forma que la termina convirtiendo en su fundamental
problema. Y usted me dirá: “¿pero cuál es el inconveniente, mija?”, en el
significado que nosotros, o nuestros gobiernos, le terminamos dando.
Sobre
las ramificaciones (desvíos) que puede tomar la democracia, vamos a detenernos.
Y, para ello, analicemos las sociedades de dos países latinoamericanos:
Venezuela y Bolivia, partiendo de dos hechos noticiosos: “Ahora
invadir propiedades será legal y con apoyo del rojo gobierno delincuente” y
“La
lucha indígena para detener los atropellos y abusos de Evo Morales”.
Ambos son
casos de prácticas “democráticas” llevadas a cabo por líderes populistas, en
los cuales la democracia adquiere un tinte más igualitario y menos liberal. En
ellos se tergiversa lo que, por igualdad, debería ser entendida en esa forma de
gobierno, hasta el punto de acontecer en tiranía: “la tiranía de la mayoría
(igualdad)”, como explicaremos más adelante. Porque allí se evidencia cómo la
igualdad ante la ley es reemplazada por una de condiciones, sin importar la
libertad de los afectados. ¿Y aquella última entendida en qué sentido? Esa que
solo es posible cuando se encuentran protegidos los tres derechos inalienables
de todo ser humano: el de la vida, el de la propiedad privada y el de la
libertad de expresión. En cuatro palabras: el Estado de Derecho.
…
Cada
uno de nosotros es el ciudadano de una nación. La obligación del Estado, para con
nosotros, es “garantizarnos nuestra
libertad, igualdad ante la ley y fraternidad” (Castro, 2016). Eso sugiere, entonces, que las leyes
son la garantía de nuestra libertad, pues en ellas están contemplados nuestros
deberes y derechos como ciudadanos. Nosotros somos los responsables de velar
por que en el espacio público aquellos no se vean transgredidos, lo cual se
logra construyendo día a día, desde nosotros, la sociedad que queremos. Es un
error creer que el Estado es el encargado de ocuparse de todos los problemas
públicos; al contrario, en conjunto con los ciudadanos, se resuelven los
problemas. ¿A través de cuál vía? La democracia. Y en esas últimas líneas hemos
introducido un punto importantísimo: sobre
el Estado no recaen todos los problemas. He aquí lo que sería el papel
fundamental de la república como apoyo del otro sistema. La república defiende
la libertad del individuo -o sea, su estado de derecho-, y contraviene la
centralización del poder. “Democracia y
liberalismo obedecen a propósitos distintos. La primera se orienta a fortalecer
el poder; el segundo se preocupa por limitarlo” (Martínez, M. El concepto de
democracia totalitaria de Talmon y su pertinencia en nuestros tiempos, pp. 136).
Ahora bien, ¿qué sucede en ambas noticias?
Las leyes -o acuerdo, en el caso de Bolivia para con el presidente por el
respeto de su territorio- pierden vigencia y no logran defender al individuo
ni del Estado ni de los grupos invasores. Se atenta, sin lugar a dudas, contra
el Estado de Derecho, pues se irrespeta indubitablemente el derecho a la
propiedad privada.
Las instituciones pertinentes, en ambos
casos, velaron arbitrariamente por un grupo, dejando al otro desamparado. ‘Las
invasiones ya no serán delito’, se lee en la primera noticia, y ‘se ordenó la
inmediata liberación de los campesinos que hayan sido juzgados bajo esa
condición’. No habrá pena ni castigo, anuncian, para aquellos que incurran en
la violación de ese derecho que, por nacimiento, nos corresponde. En Bolivia sucedió
algo parecido. Lo que comenzó como una simple migración de grupos pequeños de
andinos a Tipnis, terminó convirtiéndose en una invasión masiva, ello con el
propósito de cultivar coca; pero el problema no se quedó allí, sino que
transcendió, no ahora por los andinos y sus prácticas devastadoras, sino por el
peligro que corre su territorio ante el proyecto tajante de la construcción de
una carretera, mismo impulsado por ese gobierno que había prometido
protegerlos.
Atropello, tras atropello. Esta declaración,
si bien parte de la problemática en Venezuela, puede aplicarse a ambos sucesos:
“Durante años, el comandante presidente ha incitado y ejercido la invasión como
una forma demagógica y populista de ganarse los favores de una parte de la
población”.
Estamos ante la presencia de algo conocido como
la omnipotencia de la mayoría, que devino, por como los hechos nos lo demuestran,
en tiranía. Un grupo mayoritario se impuso, con el favor del gobierno, sobre
una minoría. A los jueces y fiscales, en Venezuela, tras ese decreto, no les
queda más remedio que ajustarse a la norma. Deben ellos someter su criterio y
su juicio a la opinión de la mayoría, quieran o no, pues las leyes los amparan
y responden a sus intereses. Algo así como en Bolivia, en donde incluso niños y
pobladores, de la comunidad afectada, son partícipes de la práctica del cultivo
de coca. Aun quien ose demandarlos por sus injusticias, es agredido, como el
obispo de Cochabamba. Entonces, esto nos demuestra que no se defienden los
derechos de todos y que a la minoría se les oprime, se les excluye, se les
restringe.
Ahora los grupos mayoritarios podrán actuar a
libre albedrío, invadir si les da la gana, porque en nombre de la democracia
pueden hacerlo. “En la igualdad hay una
gran tiranía”, apunta el chileno Axel Kaiser en la entrevista que le
realizó Sergio Sarmiento, en ‘Azteca opinión’. Y aquí lo vemos. La igualdad
moral se supedita a la material, la cual coge mayor terreno. “Se ha constatado que las democracias son de
hecho ‘poliarquías’” (Sartori, G. ¿Qué es la democracia?, pp. 4). La
democracia, en ambos países, se vuelve una poliarquía que favorece a un pueblo
adepto a un gobierno omnipotente. “Para
el escritor [Tocqueville], el poder de la mayoría se constituirá como un
Leviatán mil veces más poderoso y temible que el soberano monarca de la teoría
de Hobbes” (Martínez, M. El concepto de democracia totalitaria en Talmon y su
pertinencia en nuestros tiempos, pp. 122).
No hay una conciencia individual dirigida
hacia un interés bien entendido. Prima, como si se encontrasen en estado de
naturaleza, que en teoría es una posibilidad, pues se ha atentado contra el
Estado de Derecho, el “quítate tú pa’ ponerme yo”. No se cavila sobre el ‘si yo te perjudico a
ti, me estoy perjudicando a mí mismo’. ¿Por qué? ¿Qué acaso esos grupos
invasores no saben que, al no defender el espacio público, están perdiendo su
condición como ciudadanos? ¿Por qué no sopesan el egoísmo de sus acciones?
Porque cada quien se ocupa de sus intereses particulares. “Y es que en las sociedades no modernas, la violencia es común a la hora
de hacer política; en ellas, el interés público es un trofeo” (Castro, 2016).
Quebrantar el derecho de alguien, es
quebrantar el derecho de todos, pero, parece ser, que eso a ellos no les
importa. Aunque lo ideal sería apostar por el interés público, el Estado ha
adoctrinado a su pueblo para que enfoque sus virtudes y energías en sus propias
necesidades. Es una forma de control, por supuesto, y bastante común, he de
decir, en los líderes populistas.
La mentalidad que se genera como consecuencia
gira en torno a un único plan: el asistencialismo, ‘la dependencia al estado’,
como lo llamaría Axel Kaiser. Porque es el mesías político el que salva al
pueblo. En una entrevista que le realizaron a Gloria Álvarez sobre su libro, ‘El
engaño populista’, ella comenta:
“El populismo es un mecanismo de manipulación psicológica. Acaba con
las instituciones republicanas; ya no existe un equilibrio de poder, ya no
existe un Estado de Derecho, ya no existe igualdad ante la ley y constantemente
el gobierno viola su mandato”.
Tal como sucede en Venezuela y en Bolivia.
Cita Martínez Miguel (2011) a Jacob Talmon en
su trabajo de investigación, “El concepto
de democracia totalitario en Talmon y su pertinencia en nuestros tiempos”, pp.
115, quien afirma lo siguiente:
“La democracia totalitaria privilegia la figura del colectivo por
encima de las libertades individuales y se relaciona con la idea del ‘mesianismo
político’. Amenaza la pluralidad, la tolerancia y el necesario mecanismo de
contrapesos jurídicos”.
Ambos países no promueven la libertad propia
de las democracias liberales; en cambio, se inclinan por lograr una igualdad de
condiciones. Se vienen a convertir, entonces, en una suerte de democracias híbridas,
en una especie de democracias totalitarias modernas, en unas dictaduras, como las
definiría Talmon, “basadas en la
ideología y en el entusiasmo de las masas […]. Suerte de religión política,
civil y racionalista que termina por reclamar toda manifestación política para
la política y para el Estado” (Martínez, M. El concepto de democracia
totalitario en Talmon y su pertinencia en nuestros tiempos, pp. 127). Es
difícil que, ante esto, los individuos y las minorías no queden totalmente
desprotegidos. Los autócratas populares, como los llama Zakaria (2006), “hablan solos, en nombre de una muchedumbre
ausente o descuidada” (Tocqueville, A. La democracia en América, pp. 499); lo
que reviste a esos grupos que favorecen -la mayoría- “de una fuerza a la vez material y moral, que obra sobre la voluntad
tanto como sobre las acciones, y que impide al mismo tiempo el hecho y el deseo
de hacer” (Tocqueville, A. La democracia en América, pp. 260).
No se ha fomentado en esos espacios el amor a
la libertad, a ella se le ha dejado de lado cual objeto obsoleto, porque los
gobiernos necesitan urgentemente que el individuo abdique de su capacidad para
razonar, para crecer y desarrollarse. Eso les aterra, los coloca en evidente
peligro. Como borregos, es fácil movernos y manipularnos, por eso es que aquí la
educación juega un papel fundamental. Hay que educarnos, diría Gloria Álvarez,
pero más específicamente hay que concienciarnos individual y colectivamente. Ahora
más que nunca Democracia y República deben llevarnos de la mano hacia el
progreso, juntos, no como entes separados. Porque es tiempo de preocuparnos,
mas también de ocuparnos. “Y no es que la
virtud sea bella, es útil. Al servir el hombre a sus semejantes, se sirve a sí
mismo” (Tocqueville, A. La democracia en América, pp. 484).
